En un movimiento que combinó diplomacia y urgencia política, el gobierno cubano anunció el indulto de 2.010 reclusos. La medida, calificada oficialmente como un "gesto humanitario" por Semana Santa, llegó en un momento de máxima atención internacional debido a la mediación del Vaticano y las insistentes demandas de la administración estadounidense por la liberación de detenidos políticos.
Aunque el anuncio fue difundido por la televisión estatal como un acto "soberano", el hermetismo sigue marcando el proceso. Las autoridades no publicaron el listado de los beneficiarios ni los motivos específicos de sus detenciones. Se trata de la segunda excarcelación masiva en menos de un mes, lo que reforzó la tesis de un reordenamiento en la estrategia de La Habana frente a la comunidad internacional.
El beneficio alcanzó a mujeres, jóvenes y adultos mayores con buena conducta, pero excluyó de forma taxativa a condenados por delitos graves como asesinato, narcotráfico o agresión sexual.
Sin embargo, el foco de las organizaciones de derechos humanos está puesto en los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J). Según la ONG Prisoners Defenders, gran parte de los liberados en tandas recientes cumplían penas de hasta 18 años por "sedición" y "desacato" tras las históricas protestas antigubernamentales.